El divorcio en sí ya puede ser un proceso complejo, pero cuando existen deudas comunes entre los cónyuges, la situación se puede complicar aún más. Saber cómo gestionar estas deudas es clave para evitar futuros problemas legales y financieros. Tanto si están en régimen de gananciales como si han optado por separación de bienes, el manejo de las deudas adquiridas durante el matrimonio es un aspecto que requiere especial atención.
En este artículo te explicamos cómo funciona el reparto de las deudas comunes en un divorcio en España, qué derechos y obligaciones tienen ambas partes y cuáles son las soluciones más efectivas para resolver estas situaciones de manera justa.
Régimen Económico del Matrimonio: Gananciales vs Separación de Bienes
En España, la forma en que se distribuyen las deudas en un divorcio está estrechamente vinculada al régimen económicoque hayan escogido los cónyuges durante el matrimonio. Existen dos regímenes principales: el régimen de gananciales y el régimen de separación de bienes. Ambos tienen implicaciones diferentes a la hora de repartir tanto los bienes como las deudas comunes.
Régimen de Gananciales
El régimen de gananciales es el más común en España, especialmente si no se ha firmado un acuerdo prenupcial que indique lo contrario. Bajo este régimen, todos los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio son comunes y, por lo tanto, compartidos por ambos cónyuges. Esto significa que, en caso de divorcio, las deudas adquiridas mientras el matrimonio estuvo vigente deben ser asumidas por ambos cónyuges, independientemente de quién contrajera la deuda o de quién la utilizara.
Por ejemplo, si uno de los cónyuges adquirió un préstamo personal para cubrir gastos familiares o incluso para invertir en un negocio, ambos son responsables del pago de esa deuda. Lo mismo ocurre con hipotecas, préstamos de coche o cualquier otro compromiso financiero contraído durante el matrimonio.
Sin embargo, existen excepciones. Las deudas contraídas antes del matrimonio o aquellas que se consideren de carácter personal (por ejemplo, deudas derivadas de gastos personales o exclusivos de uno de los cónyuges) no se consideran comunes y serán asumidas por el cónyuge que las contrajo.
Régimen de Separación de Bienes
En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge mantiene la propiedad individual sobre los bienes y deudas que haya adquirido antes y durante el matrimonio. Es decir, las deudas personales de cada cónyuge siguen siendo responsabilidad única de quien las contrajo, incluso en caso de divorcio.
En este régimen, cada cónyuge administra de manera independiente sus finanzas y no se crea una masa común de bienes o deudas. Si bien esto puede simplificar la separación de los bienes, es importante recordar que las deudas contraídas conjuntamente (como una hipoteca o un préstamo para bienes compartidos) seguirán siendo responsabilidad de ambos. En esos casos, el acuerdo sobre cómo se repartirán estas deudas será clave durante el proceso de divorcio.
¿Qué Se Considera Deuda Común en un Matrimonio?
Para entender cómo se reparten las deudas en un divorcio, es esencial saber qué se considera deuda común en un matrimonio. Las deudas comunes son aquellas que han sido contraídas por ambos cónyuges o que, aunque solo las haya asumido uno de ellos, están destinadas a beneficiar al matrimonio o a la familia. Es decir, no importa quién haya firmado el contrato de préstamo o tarjeta de crédito, sino el propósito de esa deuda.
A continuación, te explicamos cuáles son las principales deudas que suelen considerarse comunes:
1. Hipotecas
La deuda hipotecaria es una de las deudas más comunes y suele considerarse deuda compartida, independientemente de quién firmó el préstamo. La vivienda familiar es un bien común, y por lo tanto, la hipoteca también lo es. Tras un divorcio, ambos cónyuges seguirán siendo responsables de esta deuda, a menos que lleguen a un acuerdo sobre la venta de la vivienda o el traspaso de la propiedad.
2. Préstamos personales utilizados para la familia
Si uno de los cónyuges solicitó un préstamo personal para cubrir gastos familiares, como reformas en el hogar, educación de los hijos o la compra de bienes compartidos, esa deuda se considera común. Aunque solo uno de los cónyuges haya firmado el préstamo, ambos son responsables del reembolso, ya que el dinero fue utilizado en beneficio del matrimonio o la familia.
3. Tarjetas de crédito utilizadas para gastos comunes
Las deudas contraídas a través de tarjetas de crédito también pueden ser consideradas comunes si los gastos realizados con ellas fueron en beneficio de la familia. Por ejemplo, si se utilizó la tarjeta para pagar facturas del hogar, comprar alimentos o cubrir necesidades familiares, esa deuda será compartida por ambos cónyuges.
4. Préstamos para la adquisición de vehículos familiares
Si durante el matrimonio se adquirió un vehículo que se ha utilizado para el beneficio de la familia, como un coche para transporte familiar, el préstamo asociado a esa compra será considerado una deuda común.
5. Gastos médicos y educativos
Los gastos médicos o educativos, especialmente si se trata de tratamientos o formación de los hijos, también se consideran deudas comunes. Ambos cónyuges tienen la responsabilidad de asumir estos costos, ya que están directamente relacionados con el bienestar de la familia.
¿Qué No Se Considera Deuda Común?
Por otro lado, no todas las deudas son compartidas. Existen casos en los que la deuda es personal, y solo el cónyuge que la contrajo es responsable de ella. Algunas de estas situaciones incluyen:
- Deudas personales previas al matrimonio: Si uno de los cónyuges contrajo una deuda antes de casarse, esa deuda sigue siendo personal y no se compartirá en caso de divorcio.
- Deudas contraídas para fines personales: Si uno de los cónyuges solicita un préstamo o usa una tarjeta de crédito para gastos estrictamente personales (como un viaje o una compra no destinada al beneficio familiar), esa deuda será de su exclusiva responsabilidad.
- Deudas derivadas de conductas irresponsables: Si una de las partes contrae deudas por acciones que no benefician al matrimonio o a la familia, como juego o apuestas, esas deudas no se consideran comunes.
Soluciones para el Reparto de Deudas en un Divorcio
El reparto de las deudas comunes en un divorcio puede ser una de las partes más complicadas del proceso, ya que ambas partes deben llegar a un acuerdo que permita cumplir con las obligaciones financieras adquiridas durante el matrimonio. Afortunadamente, existen diversas soluciones para distribuir equitativamente las deudas y minimizar el impacto económico de la separación. A continuación, exploramos algunas de las alternativas más comunes.
1. Acuerdo mutuo
Una de las soluciones más efectivas y rápidas es llegar a un acuerdo mutuo entre los cónyuges. En este acuerdo, ambas partes deciden cómo repartir las deudas, ya sea que cada uno asuma una parte proporcional o que uno de los cónyuges acepte asumir una deuda a cambio de otros beneficios, como quedarse con un bien de mayor valor. Este tipo de solución suele evitar largos procesos judiciales y reduce el coste y el tiempo del divorcio.
Es fundamental que cualquier acuerdo mutuo sobre el reparto de deudas quede plasmado por escrito en el convenio regulador y sea aprobado por un juez para garantizar su validez legal.
2. Venta de bienes comunes
Una opción común en muchos divorcios es la venta de bienes comunes para liquidar deudas compartidas, como puede ser la vivienda familiar, un coche o propiedades en común. Al vender estos activos, el dinero obtenido se destina a pagar las deudas y, si queda un excedente, se reparte entre los cónyuges. Esta solución es particularmente útil cuando no es viable que uno de los cónyuges asuma la deuda o cuando ambos desean empezar de cero sin cargas financieras compartidas.
3. Reparto proporcional de las deudas
Otra alternativa es dividir las deudas de manera proporcional según los ingresos o capacidades económicas de cada cónyuge. En este caso, se podría llegar a un acuerdo en el que cada uno pague un porcentaje de la deuda que corresponda a su capacidad financiera, lo que puede ser más justo en situaciones donde uno de los cónyuges tenga más recursos o mayores posibilidades de asumir la deuda.
Esta solución puede aplicarse a préstamos personales, hipotecas o tarjetas de crédito compartidas, y debe quedar registrada en el convenio regulador.
4. Asunción de deuda por uno de los cónyuges
En algunos casos, uno de los cónyuges puede optar por asumir toda la deuda a cambio de una compensación. Por ejemplo, si uno de los cónyuges desea quedarse con la vivienda familiar y tiene los recursos para continuar pagando la hipoteca, puede asumir esa deuda completa. A cambio, puede recibir otros beneficios, como quedarse con más bienes o una mayor parte de los activos comunes.
Este tipo de acuerdo debe estar bien detallado en el convenio regulador para evitar futuros conflictos.
5. Refinanciación o reestructuración de la deuda
Cuando las deudas son elevadas o los plazos de pago son complicados, una opción es refinanciar o reestructurar la deuda con la entidad financiera. Esto implica negociar nuevas condiciones con el banco o acreedor, como ampliar el plazo de pago o reducir la cuota mensual. Ambas partes pueden acordar seguir compartiendo el pago de la deuda bajo las nuevas condiciones.
Esta opción es especialmente útil en el caso de hipotecas u otros préstamos a largo plazo, donde ambas partes aún tienen interés en mantener el bien común.
6. Liquidación del régimen económico matrimonial
En el caso de un divorcio bajo el régimen de gananciales, una vez que se ha liquidado el régimen económico matrimonial, los bienes y deudas se dividen en partes iguales o en la proporción acordada entre los cónyuges. En este caso, se reparten tanto los activos como las deudas que existan al momento de la disolución del matrimonio.
Es importante tener en cuenta que la liquidación del régimen económico debe ser supervisada por un abogado para asegurar que se cumplan las disposiciones legales y que no haya conflictos en el futuro.
Conclusión
El reparto de deudas comunes en un divorcio puede abordarse de diversas maneras, siempre y cuando haya voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. Contar con el asesoramiento de un abogado especializado es clave para asegurar que las soluciones sean justas y estén respaldadas legalmente, protegiendo los intereses de ambas partes a largo plazo.