Separarse es siempre un momento delicado, pero cuando hay hijos en común y aún no se ha firmado un convenio regulador ni se ha acudido al juzgado, la incertidumbre se multiplica. ¿Quién decide con quién viven los niños? ¿Puede uno de los progenitores impedir que el otro los vea? ¿Es legal mudarse a otra ciudad con ellos? Muchas familias se encuentran en este limbo legal durante semanas o incluso meses, sin saber muy bien cómo actuar ni qué consecuencias puede tener cada decisión.
En este artículo analizamos qué ocurre en esa fase inicial tras la separación, cuando aún no hay medidas judiciales ni un acuerdo formal, pero las decisiones del día a día siguen afectando directamente a los menores. Veremos qué derechos y obligaciones tiene cada progenitor, qué riesgos implica no regular la situación cuanto antes, y qué pasos se pueden dar para proteger a los hijos y evitar conflictos mayores.
¿Existe un vacío legal real?
Sí y no. Legalmente, no existe un vacío normativo: el Código Civil establece que ambos progenitores tienen la patria potestad sobre sus hijos, incluso tras la separación, mientras no se dicten medidas judiciales que regulen la situación. Lo que sí ocurre en la práctica es una falta de regulación específica y concreta sobre cómo deben organizarse aspectos clave como la custodia, las visitas o la pensión alimenticia hasta que se firme un convenio o haya resolución judicial.
En esta etapa, ambos padres tienen los mismos derechos y obligaciones sobre sus hijos, pero no hay normas precisas que regulen cómo ejercerlos en caso de desacuerdo. Esto da lugar a situaciones conflictivas: uno puede decidir quedarse con los niños, limitar el contacto con el otro progenitor, o incluso tomar decisiones importantes (como mudarse o cambiar de colegio) sin consenso, lo que genera inseguridad y conflictos familiares.
Por tanto, más que un vacío legal absoluto, lo que existe es una falta de medidas concretas aplicables a esa familia en ese momento, lo que obliga a los progenitores a actuar con sentido común, responsabilidad y, si es posible, a buscar acuerdos provisionales hasta que se formalicen las medidas judiciales.
Derechos y deberes en esta fase
Durante el periodo que transcurre entre la separación y la aprobación de un convenio regulador o resolución judicial, ambos progenitores mantienen intactos sus derechos y deberes sobre los hijos menores. Es decir, siguen compartiendo la patria potestad, que implica la toma conjunta de decisiones importantes sobre la vida del menor: salud, educación, residencia, etc.
¿Qué pueden hacer?
- Cuidar, atender y convivir con sus hijos, siempre que no se limite injustificadamente el contacto con el otro progenitor.
- Participar en todas las decisiones relevantes para el menor.
- Proponer acuerdos temporales sobre custodia, visitas o pensión alimenticia, aunque no tengan fuerza legal sin respaldo judicial.
¿Qué no pueden hacer?
- Tomar decisiones unilaterales que afecten gravemente al menor, como mudarse de ciudad o cambiarle de colegio sin el consentimiento del otro progenitor.
Impedir el contacto con el otro progenitor sin causa justificada.
Imponer condiciones arbitrarias que afecten al bienestar emocional del menor.
Esta etapa exige un alto grado de colaboración, ya que ninguno de los dos progenitores tiene más autoridad que el otro, y cualquier medida que afecte a los hijos debería adoptarse de forma consensuada. Si no es posible llegar a un acuerdo, lo más prudente es acudir cuanto antes al juzgado para solicitar medidas provisionales que regulen la situación de forma clara y segura para todos.
Riesgos de no actuar a tiempo
Muchas parejas separadas intentan “arreglarse” por su cuenta durante los primeros meses, confiando en el entendimiento mutuo. Sin embargo, no regular la situación legal de los hijos desde el principio puede tener consecuencias graves, tanto a nivel legal como personal y emocional.
- Conflictos constantes: La falta de normas claras genera confusión: ¿quién decide los horarios? ¿quién se queda con el niño en vacaciones? ¿cuándo se puede ver al menor? Esta ambigüedad alimenta discusiones, malentendidos y, en muchos casos, rupturas del mínimo acuerdo inicial.
- Dificultad para reclamar judicialmente: Sin un convenio o medidas provisionales, resulta difícil demostrar incumplimientos o situaciones de desprotección. Por ejemplo, si un progenitor ha impedido al otro ver al hijo durante semanas, no hay una resolución que lo respalde ni que sirva para exigirlo judicialmente de forma inmediata.
- Posibles consecuencias legales: Actuar de forma unilateral sin acuerdo ni autorización judicial puede ser considerado una vulneración de derechos. Un cambio de ciudad o de colegio, por ejemplo, puede derivar en una denuncia por sustracción de menores o desobediencia.
- Impacto emocional en los hijos: Los menores necesitan estabilidad y rutinas claras. Vivir en medio de un conflicto sin reglas ni acuerdos puede afectar su bienestar emocional, su rendimiento escolar y su relación con ambos progenitores.
¿Qué se puede hacer mientras no hay sentencia ni convenio?
Aunque no exista todavía una resolución judicial ni un convenio regulador firmado, sí es posible y recomendable tomar medidas para organizar la situación con sentido común y seguridad jurídica. Aquí algunas opciones que los progenitores pueden considerar en esta fase intermedia:
Pactar medidas provisionales por escrito
Si la relación lo permite, ambos progenitores pueden acordar de forma amistosa un reparto temporal de la custodia, los horarios de visitas, el pago de gastos o el uso del domicilio familiar. Aunque estos acuerdos no tienen la misma fuerza que una resolución judicial, sirven como base organizativa y pueden tener valor probatorio en caso de conflicto posterior.
Consejo: Es recomendable firmar estos pactos por escrito y, si es posible, acudir a un abogado de familia para darles forma legal e incorporarlos después al convenio definitivo.
2. Acudir a mediación familiar
Cuando hay voluntad de diálogo pero surgen diferencias, la mediación familiar es una herramienta eficaz. Un mediador neutral ayuda a ambas partes a encontrar soluciones equilibradas, priorizando siempre el bienestar del menor. Muchas comunidades autónomas ofrecen este servicio de forma gratuita o subvencionada.
3. Solicitar medidas provisionales urgentes
Si no hay posibilidad de acuerdo o uno de los progenitores actúa de forma unilateral que perjudica al menor (como impedir el contacto, mudarse sin consentimiento, etc.), se puede acudir al juzgado y solicitar medidas provisionales. Estas medidas, que pueden tramitarse con carácter urgente, regulan de forma temporal la custodia, el régimen de visitas y otros aspectos básicos hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Importancia de actuar con asesoramiento legal
En los momentos posteriores a una separación, las emociones, la incertidumbre y la falta de acuerdos claros pueden llevar a tomar decisiones impulsivas que, sin quererlo, perjudiquen tanto a los menores como a los propios progenitores. Contar con asesoramiento legal desde el principio es fundamental para evitar errores difíciles de revertir.
Un abogado especializado en derecho de familia te ayudará a:
- Conocer tus derechos y deberes reales como progenitor en ausencia de convenio o sentencia.
Evitar actuaciones irregulares que puedan usarse en tu contra más adelante, como impedir visitas o mudarse sin consentimiento.
Redactar acuerdos provisionales que reflejen el consenso alcanzado y puedan utilizarse en futuras gestiones judiciales.
Solicitar medidas urgentes ante el juzgado, si es necesario proteger al menor o regular la situación de inmediato.
Prevenir conflictos con el otro progenitor a través de soluciones legales claras y personalizadas.
Además, un buen asesoramiento legal permite enfocar la situación con mayor tranquilidad, confianza y perspectiva, sabiendo que cada paso que se da está orientado a proteger el bienestar del menor y evitar litigios innecesarios.
Conclusión
Separarse cuando hay hijos de por medio es siempre un proceso delicado, y lo es aún más cuando todavía no existen medidas judiciales ni un convenio regulador. En esta fase inicial, muchas familias se enfrentan a un escenario incierto en el que no está claro quién decide sobre la custodia, las visitas o los gastos. Aunque la ley protege los derechos del menor, la falta de acuerdos concretos puede dar lugar a conflictos, malentendidos y decisiones precipitadas con consecuencias legales.
Por eso, es esencial actuar con responsabilidad y, sobre todo, con asesoramiento jurídico. Formalizar acuerdos provisionales, acudir a mediación o solicitar medidas judiciales a tiempo puede evitar tensiones innecesarias y garantizar que los hijos vivan esta etapa con la mayor estabilidad posible. En Abogaliance te acompañamos desde el primer momento para que sepas cómo actuar y puedas tomar decisiones informadas que protejan lo que más importa: el bienestar de tus hijos.